El pasado 21 de marzo, en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Senado, se aprobó por unanimidad la creación de una enmienda transaccional a una moción presentada por el PSOE, solicitando la creación de una ponencia de estudio sobre las criptomonedas. Su actividad principal será abordar las cuestiones referentes a estas monedas digitales, el seguimiento de su evolución, la emisión de criptomonedas como moneda de curso legal por parte de algunos países y sus efectos.

Asimismo, la ponencia de estudio sobres las criptomonedas se encargará de analizar y recopilar datos relativos a la situación de los criptomercados y sus tendencias, así como su regulación y limitaciones y efectos reales de las mismas. Esta ponencia también tendrá la obligación de emitir un informe al respecto, durante los primeros seis meses desde la constitución de la misma, prorrogable por otros seis meses, que posteriormente será sometido a la Comisión de Economía del Senado.

Para defender la petición de creación de la potencia de estudio, el senador socialista, Amarro Huelva, señaló “cada vez con más frecuencia, oímos hablar de las denominadas criptomonedas, unas veces escuchamos hablar de ellas como la panacea, con fuertes ganancias, otras veces como el demonio, con comportamientos cercanos a una burbuja especulativa, con alta volatilidad”.

En este aspecto, Huelva añadió que España “puede ser pionera en abordar este fenómeno…no tiene que ser éste el único ámbito de estudio y discusión. Muchos países están en ello: Alemania, Francia, Suiza, otros los han prohibido, y no consideramos que nosotros tengamos que esperar a ver qué hacen ellos, sino tener la iniciativa de empezar nuestro marco; tenemos trabajo por delante para un camino que no va a ser fácil, pero hay que andarlo”.

La regulación de los criptoactivos es un tema que afecta a todos los ámbitos, tal y como explicó el senador: “A este carro debemos subir a mucha gente, a muchos sectores para que nos ayuden, a muchos sectores que están interesados en la regulación, no sólo a los usuarios, a los inversores, a los proveedores de servicios o los proveedores de monederos, también debe incorporarse el sistema judicial, magistrados, fiscales, letrados, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuerpos especializados de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y también a los que dan fe pública en documentos y transacciones, notarios, reguladores”, y concluyó “todos ellos, entre otros, deben ser nuestros aliados para regular tanto el uso de la tecnología, como el uso de las criptomonedas, y también de las ICOs”.