Este miércoles el PP presentó una proposición no de ley (PNL) en el Congreso, es decir, una propuesta no vinculante, con el propósito de establecer una “regulación supranacional” para la inversión en criptomonedas. Se plantea endurecer los controles en la tecnología “blockchain”, las divisas virtuales y las ofertas iniciales de criptomonedas (ICOs). La iniciativa pide someter a los monederos y plataformas virtuales a la regulación del blanqueo de dinero. Así mismo, propone obligar a los inversores a identificarse e informar de las transacciones. Los parlamentarios señalan que hay que aumentar la transparencia y fijar, si es necesario, cuál debe ser la cantidad de inversión mínima a partir de la cual un particular debe informar al regulador de sus operaciones.
En las últimas semanas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está analizando proyectos concretos de ICOs y, junto con el Banco de España han puesto en marcha un grupo de trabajo para estudiar los fenómenos con las monedas virtuales y proponer normativas al respecto. El diputado del PP Teodoro García ha pedido impulsar este grupo de trabajo y ha señalado que se trata de aprovechar las ventajas que la nueva tecnología blockchain ofrece en términos de ahorro de costes y de no intermediación, especialmente a las pymes y las empresas innovadoras.
Teodoro García explicaba en rueda de prensa que esto “es una oportunidad que España no puede dejar escapar. Es una realidad que los españoles están comprando criptomonedas y desde el PP queremos que España sea líder en la regulación de esta materia« al mismo tiempo señaló que “atraerá inversores y talento si se dan las condiciones adecuadas”. En su opinión, estas criptomonedas son útiles «para mejorar la vida de la gente en un amplio rango de actividades».
Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, añadió que “ante estas nuevas tecnologías cada vez se hace más necesario abrir una nueva regulación, ya que en estos momentos junto a las oportunidades que presentan también aparecen peligros por la falta de control”.
Unos días antes, el 29 de enero, el pleno del Senado aprobó por mayoría una iniciativa, a través de una moción del Grupo Parlamentario Popular, para proteger al pequeño inversor ante los posibles riesgos que conllevan estas operaciones, así como evitar el uso de criptomonedas para la financiación de actividades ilícitas. Así lo explicó la senadora del PP Esther del Brío que señalaba que «el objetivo prioritario es proteger al pequeño inversor de posibles fraudes y movimientos especulativos», y Rafael Hernando, que advirtió de los casos en los que este tipo de monedas “acaban siendo elementos donde se refugia dinero procedente de actividades criminales y que existen elementos opacos en la volatilidad de estas monedas y de su valor”. Mientras la portavoz de Economía del PP en el Senado, Arenales Serrano, recordó que, según las estimaciones del Foro Económico Mundial, las criptomonedas supondrán el 10% del PIB mundial.
