Bitcoin nació en el 2009, un año que marcó un antes y un después en los mercados monetarios. Desde entonces las criptomonedas han experimentado un boom y en la actualidad existen un total de 1.327 divisas virtuales en el mundo que, en su conjunto, aglutinan 310.000 millones de dólares, según Coin Carpert Market. Sin embargo, sólo Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Ripple acaparan el 80% del mercado.
Las criptomonedas son concebidas como uno de los medios digitales de intercambio de bienes y servicios en la red sin necesidad de que medie ningún intermediario financiero. No obstante, en el seno de los estados y organismos reguladores internacionales han saltado las alarmas contra esta nueva forma de dinero, debido a diversos factores, siendo los principales especulación, estafas y blanqueo de capitales.
“Nos encontramos en un momento crucial en el que se hace necesaria una regulación de esta nueva realidad que son las ciber divisas, hoy en día con una legislación casi inexistente. En todos los países suenan tambores de guerra y se prevé que los Gobiernos y organismos internacionales empiecen a promover mecanismos para lograr un mayor control de éstas, alegando que es necesario crear una normativa para realizar las transacciones de las criptomonedas, ya que a través de ellas se pueden llevar a cabo acciones ilegales. Lo cierto es que las criptomonedas entrañan amenazas, pero también grandes oportunidades para los usuarios, especialmente en las operaciones realizadas digitalmente, al tratarse de un instrumento tecnológicamente muy confiable, que garantiza la autenticidad de las transacciones. Si bien no debemos obviar los riesgos de uso ilegal y los derivados de la especulación financiera, esos árboles no deben impedirnos vislumbrar el enorme panorama que se abre tras blockchain y las criptomonedas”, señala Francisco Bonatti, socio de director Bonatti Penal & Compliance.
En este sentido, España ya está haciendo los deberes. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España (BdE) han lanzado sendas advertencias a los inversores sobre los peligros, animados en parte por las acciones puestas en marcha por la Comisión del Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la Reserva Federal (Fed) comandada por Jerome Powell y las autoridades chinas, quienes están librando una dura batalla.
Asimismo, el Parlamento Europeo ha aprobado la quinta directiva comunitaria contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, una directiva dirigida a evitar el uso del sistema financiero de la Unión Europea (UE) para la financiación de actividades delictivas y reforzar la transparencia evitando así que se oculten fondos a gran escala. Una vez que dicha normativa obtenga el visto bueno oficial y entre en vigor, todos los estados miembros tendrán 18 meses para adaptar su legislación nacional.
“La nueva directiva europea pone el foco en la identificación de las personas que intervienen en la transacción mediante criptomonedas, eliminando el anonimato, que es el aspecto más preocupante desde la perspectiva del blanqueo de capitales. Si bien es cierto que blockchain, la tecnología que está detrás de Bitcoin y otras monedas, registra todas sus transacciones garantizado la seguridad de la operación de pago, este registro no permite identificar a la persona que está detrás de la operación, de modo que serán los sujetos obligados de la normativa de prevención de blanqueo quienes deberán asegurase de poner nombres y apellidos a los titulares de criptomoneda que intervienen en sus operaciones”, explica Joaquín Mena, socio de BONATTI COMPLIANCE.
Además, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha señalado en reiteradas ocasiones que la regulación de las criptomonedas es inevitable y que es solo cuestión de tiempo para que éstas entren bajo una supervisión gubernamental.
“Actualmente existen tratamientos jurídicos muy dispares respecto a lo que son legalmente las criptomonedas y su tratamiento jurídico y fiscal. Es posible que un convenio internacional, es obvio que a nivel comunitario las Directivas se muestran como el mecanismo más razonable para armonizar legislaciones y ofrecer un marco jurídico común de respuesta frente a una realidad que si bien supone amenazas, también comporta grandes oportunidades, y en el que están entrando destacados protagonistas de las finanzas mundiales, como ocurre con muchos de los principales bancos y fondos de inversión, quienes están entrando con fuerza en el mercado de las criptomonedas”, destaca Francisco Bonatti.
Volviendo a España, el Gobierno tendría que legislar sobre los aspectos relacionados con el ámbito fiscal y la tributación. Los primeros pasos que ha dado nuestro país en esta materia ha sido el Plan Anual de Control Tributario de 2018, que se contempla como una de las líneas de actuación de la Administración Tributaria en el estudio de la incidencia fiscal de nuevas tecnologías, como Blockchain y, en especial, las criptomonedas.
En este sentido, Sandra Berja, socia Gerente de Bonatti Penal & Compliance, advierte “la respuesta en España está en la línea media de los países de nuestro entorno, y necesita profundizar en la reflexión y regulación entorno a las criptodivisas y su uso por los mercados. Por otra parte, sería deseable que dicha respuesta se formulara desde el ámbito comunitario, e incluso a un nivel más supranacional, atendiendo a las características universales del tema que estamos tratando”.
En definitiva, los Gobiernos han percibido la necesidad de regular las transacciones con criptomonedas, algo que va en contra de la descentralización que éstas persiguen desde su nacimiento. Esta situación plantea un reto en el futuro, tanto para las monedas digitales, como para los distintos países. Las criptomonedas han venido para quedarse, y por ello, es muy importante tomar conciencia de ello e intentar profundizar en su tratamiento.
